El PAR – DPH reivindica una normativa clara y estable para las quemas de residuos agrícolas sin perjudicar a los agricultores

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El PAR defenderá en el pleno de la Diputación de Huesca reivindicar la regulación y soluciones “de acuerdo con las necesidades de los agricultores” para el “tratamiento y, en su caso, tradicionales quemas, de los residuos vegetales y restos de podas en las explotaciones agrarias” de forma que no suponga “inconvenientes y perjuicios”. El Grupo Aragonés-PAR señala que, desde este año, existe una “maraña legal” con normas nuevas que, además, van a caducar y se ha generado “malestar e inquietud” entre los agricultores y “perspectivas de incertidumbre, que deben ser resueltas” para eliminar esos restos que suponen riesgo de plagas e incendios.

Según la exposición de motivos presentada por el Partido Aragonés, esta iniciativa responde a “la maraña legal en que se ha envuelto una actividad tradicional” para el “tratamiento de los restos agrícolas y específicamente para los residuos generados por la imprescindible poda de árboles frutales, almendreras, oliveras, viñas… o su arranque”, que “está provocando malestar e inquietud” entre los agricultores aragoneses y altoaragoneses.

Asimismo, indica el Grupo Aragonés, “la legalidad en adelante, además, se complicará todavía en mayor medida si se confirma la expectativa actual”, incidiendo en la necesaria eliminación de esos restos para prevenir plagas o la propagación de incendios.

Con todo ello, la habitual quema de esos residuos, ya “sometida a necesarios requisitos”, “ha derivado en prohibiciones, autorizaciones extraordinarias e incompletas, perspectivas de incertidumbre, que deben ser resueltas por la trascendencia de estos cultivos y producciones, sustento de muchas familias en nuestras comarcas”.

El Partido Aragonés recuerda que la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular introdujo como novedad, prohibía bajo sanción, con carácter general, desde este año, esas quemas que “sólo se permitiría excepcionalmente, mediante autorización por razones de carácter fitosanitario, para evitar la propagación de plagas en las propias plantaciones, montes o explotaciones vecinas”. Frente a esa limitación, el Gobierno de Aragón emitió una orden estableciendo las condiciones por razones fitosanitarias en la campaña 2022-2023 para el almendro, frutales de hueso, frutales de pepita, olivar, viñedo, así como a la actividad forestal (choperas, coníferas…).

Esta norma aragonesa autoriza las quemas tras la obtención de certificados, informes y permisos y equivale a “a salvar o sortear los obstáculos interpuestos repentinamente por la Ley de residuos” pero, por una parte, “no incluye otro tipo de actividades agrarias como pueden ser los huertos familiares, tan abundantes en las localidades del medio rural e incluso urbano” y por otra, además de imponer trámites, “incluye fecha de caducidad en la actual campaña, de manera que queda en el aire la situación de cara a próximas campañas”.

El horizonte es incierto porque “a resultas de la toma de conciencia de que la prohibición general resultaba excesiva e incluso contraproducente”, durante la actual tramitación parlamentaria en las Cortes generales de la nueva “Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas”, se ha incorporado vía enmienda, una nueva disposición final que suprime el apartado restrictivo de la citada Ley de residuos, explica el Partido Aragonés.

“Podría pensarse que estas circunstancias negativas quedan despejadas”, expone el Grupo Aragonés-PAR, pero “no será la solución definitiva porque la propia condicionalidad de la PAC, a su vez, prohibiría esas quemas, con sus consecuencias inherentes para los beneficiarios de las ayudas de la Política Agrícola Común, esencial para las explotaciones agrarias y sus titulares”.

De esta forma, “mientras los huertos familiares (que no acceden a la PAC) quedarían ‘desregulados’, los agricultores, beneficiarios de la PAC, cuya tarea habitual supone generar restos vegetales y de podas o arranques se verían bajo otra nueva e incierta regulación”.

El Partido Aragonés detalla que “en el caso de eliminarse por completa las quemas, las explotaciones deberían tratar estos residuos mediante forzoso triturado (que en algunos casos ya se realiza) o traslado a gestores habilitados para su destrucción, con nuevos costes o también con riesgos (de plagas, propagación de incendios…) en su defecto”.

Bajo estas razones, el Grupo Aragonés-PAR reclama que se dicte una norma clara, estable y favorable a los agricultores aragoneses.