La Fundación Adecco y Bantierra, la Caja Rural de Aragón, presentan el informe La Responsabilidad Corporativa en el medio rural, un trabajo que basa sus conclusiones en un análisis realizado a 75 empresas, que operan en el área rural de la región, en municipios de menos de 10.000 habitantes.
El análisis se realiza en una coyuntura compleja, en la que la crisis económica dificulta el acceso igualitario al mercado laboral de los grupos más vulnerables. Circunstancia que, en el entorno rural, puede verse acentuada.
En las empresas analizadas predominan las microempresas, de 1 a 5 empleados (33%); seguidas de las empresas de 11 a 15 trabajadores (13%) y de las de más de 50 personas en plantilla (19%).
La Discapacidad en el entorno rural de Aragón
De acuerdo con las conclusiones del informe, las personas con discapacidad están una situación de doble exclusión social, en la que la vulnerabilidad se hace aún más acuciante.
El acceso a ciertos servicios como la sanidad, la educación o el transporte, es más complejo y menos accesible, así como existen numerosas barreras arquitectónicas y de comunicación, que no contribuyen a que la persona con discapacidad se desenvuelva con facilidad y garantías.
Estas circunstancias hacen del medio rural aragonés, en términos generales, un entorno difícil para el desarrollo y realización de las personas con discapacidad. Por este motivo, el colectivo merece una especial atención: es necesario acometer políticas específicas que impulsen su participación social y laboral, a través de la eliminación de las barreras del entorno.
En este contexto, el compromiso de la empresa es vital para el proceso de integración. Sin embargo, y atendiendo a las empresas rurales analizadas, sólo un 22% tiene algún trabajador con certificado de minusvalía en su plantilla. Un 90% de éstas son organizaciones de más de 50 trabajadores y el 10% restante oscila entre los 30 y los 50 empleados.
A pesar de esta escasa incidencia, un 84% destaca que, si tuviera la oportunidad, contrataría personas con discapacidad. El 16% restante no lo considera, debido principalmente a la peligrosidad del puesto (95%), que considera incompatible con la discapacidad. Además un 3% alega que sus instalaciones no son accesibles y un 2% que tiene temor a bajas continuadas.
La LISMI, aún desconocida
Llama la atención el hecho de que, más de la mitad de las empresas encuestadas, desconoce la Ley de Integración del Minusválido (66%). Sólo un 34% ha escuchado hablar de esta normativa legal. Sin embargo, al explicarles sus implicaciones, un 87% la considera justa y necesaria.
Se cumple el precepto de que, a mayor tamaño, mayor conocimiento de la RSC. Así, el 73% de los que conocen la LISMI, son empresas de más de 50 trabajadores.
En el caso de las empresas rurales de Aragón y, restringiéndonos a aquellas empresas de más de 50 trabajadores, obtenemos que la contratación directa es el modo más habitual de cumplimiento de la ley (38%). En segundo lugar, un 31% cumple la LISMI a través de la medida alternativa y, otro 31% combina la contratación con la medida alternativa.
Responsabilidad Social Corporativa
Resulta llamativo que, de las 75 empresas analizadas, un 69% conoce el significado de Responsabilidad Corporativa. Sin embargo, un porcentaje nada desdeñable (31%) admite desconocer este término y sus implicaciones.
Este desconocimiento asciende hasta el 90% en las empresas de menos de 5 trabajadores y desaparece en el caso de las que superan los 50. En otras palabras, cuanto mayores son las dimensiones de la empresa, mayor conocimiento tienen del significado de RSC.
A la luz de este resultado y, teniendo en cuenta el importantísimo peso que las empresas pequeñas tienen en el entorno rural aragonés, podemos afirmar que la Responsabilidad Corporativa aún debe experimentar un largo recorrido para ser visible y traducirse en estrategias transversales que permitan pasar de las acciones puntuales a los resultados sostenibles, a largo plazo.