Tras la subasta de energías renovables de esta mañana en la que la empresa interesada en Monzón ha conseguido 108 MW, desde el equipo de Gobierno municipal se han pronunciado al respecto, tanto PSOE como Cambiar Monzón.
El alcalde montisonense ha recordado que “la autorización del INAGA es firme”, y señalaba que el equipo de gobierno ve el proyecto como un “oportunidad” de crecimiento económico e industrial y confía en la administración superior en todo lo relativo a la idoneidad de la instalación y el proceso de funcionamiento.
Álvaro Burrell, remarca la importancia de “contrastar” la información con la empresa y estudiar y analizar “en profundidad” los pormenores técnicos y medioambientales. En este sentido, ve muy oportuna y aconsejable la constitución de una “mesa técnica” integrada por diferentes agentes sociales que sirva para confrontar las distintas interpretaciones de los parámetros técnicos y para despejar cualquier duda, en especial de cara a los ciudadanos que se han mostrado más reacios al proyecto.
“El Ayuntamiento estará vigilante para que se cumplan todas las medidas de control y la actividad fabril sea respetuosa al ciento por ciento con la legislación que vela por el medio ambiente”, añade.
Retomando las declaraciones de semanas atrás, Burrell hace hincapié en que al equipo de gobierno le hubiera gustado una ubicación de la planta más alejada del casco urbano, “tanto por ordenación urbanística como para evitar la oposición de los ciudadanos sensibles en temas de salud”, y entiende que si la empresa hubiera facilitado más información se hubiera frenado en gran medida la alarma social generada.
Como conclusión, el Ayuntamiento tiene en consideración el pronunciamiento del INAGA (la AAI es el permiso que requiere el cumplimiento de todos los requisitos relacionados con los vertidos a la atmósfera y cualquier otra implicación de tenor medioambiental) y se compromete “al máximo control y vigilancia” de la actividad de la planta. “En este asunto, como en todos los que conciernen al gobierno municipal, habrá máxima transparencia”, subraya el alcalde.
Izquierda Unida-Cambiar Monzón pide que la incineradora esté a 5 km
Izquierda Unida ha llevado a las Cortes de Aragón la preocupación ciudadana por las afecciones que pudiera provocar la implantación del proyecto de central de producción de energía eléctrica mediante biomasa, publicado en el BOA de fecha 31 de agosto de 2015. El pasado 31 de agosto, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) publicó en el BOA, la resolución por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para una planta de generación de energía eléctrica mediante biomasa de 170 MWt, en Monzón, promovida por Solmasol I.
El Coordinador de IU Alto Aragón y concejal de Cambiar Monzón, Miguel Aso, recuerda que este proyecto ha generado preocupación social en la capital del Cinca Medio, por cuanto el interés público que pudiera tener como consecuencia de la creación de puestos de trabajo, se compara con el impacto paisajístico y, especialmente, con las afecciones a la salud de las personas fruto de las emisiones, “emisiones que se sumarían a las de otras industrias implantadas en la ciudad”. Aso ha recordado que “para hacernos una idea de la magnitud del proyecto, el caudal de humos anual será cinco veces la capacidad de la presa del El Grado”.
Entre las características de este proyecto, cabe destacar que la planta se ubicará en suelo No Urbanizable Genérico, situado a 600 metros del casco urbano en la dirección de vientos dominantes a Monzón. “A esa distancia no podría implantarse hoy una simple granja de explotación porcina que necesita 1.500 metros de distancia”, señala Aso, para destacar igualmente que “con la normativa del año 1969, este tipo de industrias pesadas no podían ponerse a menos de 2.000 metros del núcleo urbano y hoy se ha dejado poner a 600, lo que es una temeridad”. Aso ha señalado igualmente que “la central contará con edificaciones de unos 40 m y una chimenea de 60 m de altura, cuando en el municipio no hay edificaciones urbanas tan altas y todo ello pese a que la altura autorizada con carácter general para ese tipo de suelos es de 11 metros, lo que da una idea del brutal impacto paisajístico justo en la entrada de la ciudad”.
En relación a las afecciones, Aso ha señalado que “los servicios técnicos municipales consideran que el estudio presentado por el promotor tiene carencias importantes para este tipo de instalación, especialmente teniendo en cuenta su cercanía. Entre otras, la información del promotor no aporta datos sobre el aumento de PM 2,5 y benzopirenos en la ciudad, cuando diversos estudios hablan de los importantes riesgos para la salud de contaminantes emitidos por centrales de incineración de biomasa, entre ellos estas partículas”. Igualmente ha señalado Aso, “hemos tenido conocimiento reciente de importantes estudios que están poniendo en tela de juicio la seguridad de las emisiones de las incineradoras de biomasa, incluso de aquellas pequeñas que utilizan las mejores tecnológicas. Entre ellos, estudios como los relacionados con la mortalidad por cáncer en poblaciones cercanas, del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, que confirman la hipótesis de la existencia de un incremento significativo del riesgo de muerte por cáncer en municipios próximos (menos de 5 Km) a incineradoras”.
La diputada de IU, Patricia Luquin recuerda que “ante estos datos se ha presentado recurso de alzada a Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por parte de una asociación conservacionista, se ha creado una Plataforma ciudadana que está informando a la población, se han recogido más de 5.000 firmas, se colocan pancartas en balcones y hay una inquietud evidente como consecuencia de unas afecciones evitables, simplemente aplicando el principio de precaución, mediante el cual, se debiera considerar que el interés público, más allá de la creación de puestos de trabajo a cualquier precio, es el de velar por la seguridad y salud de las personas alejando el proyecto del casco urbano”.
Por todo ello, Luquin presentará una Proposición no de Ley ante el Pleno de las Cortes en la que insta IU al Gobierno de Aragón, a revisar de oficio la declaración de impacto ambiental, exigiendo al promotor la ubicación del proyecto a una distancia mínima del casco urbano de 5 kilómetros y a que consideren la aplicación de las máximas y mejores tecnologías de filtrado, la minimización al máximo de afecciones al tráfico rodado en la nueva ubicación y el menor impacto sobre los ecosistemas de la zona por el uso e introducción de nuevos cultivos leñosos.
