El grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Aragón propondrá mañana al Departamento de Educación que firme un convenio marco con ayuntamientos y comarcas con el objetivo de asegurar la contratación de educadores de adultos por parte de las entidades locales, en todas las materias programadas.
La portavoz de Educación de Podemos, Erika Sanz, defenderá una proposición no de ley en este sentido durante la Comisión de dicha área.
Las condiciones demográficas y territoriales aragonesas obligan a realizar grandes esfuerzos para que el derecho a la educación permanente a lo largo de la vida sea una realidad en la Comunidad. Las entidades y ayuntamientos que colaboran con el Gobierno de Aragón para implementar los programas tienen dificultades económicas para llevarlos a cabo, dado que las convocatorias de subvenciones cada vez salen más tarde y cubren una menor duración, por debajo de un curso académico.
La demora en los plazos de convocatoria ha supuesto incluso la movilización de alumnado afectado en comarcas como la de Sobrarbe este curso. Esta situación genera, además, una gran inestabilidad entre el profesorado, que es contratado únicamente durante los meses establecidos en la convocatoria de subvención.
Las consecuencias más directas son la precarización de las condiciones laborales así como la incertidumbre para el alumnado de si las clases para adultos a las que asisten tendrán continuidad. Para Podemos, un Gobierno que apuesta por la educación como eje vertebrador de nuestro territorio cada vez más despoblado debe dar una solución urgente a esta situación.
Según la Ley 16/2002, de 28 de junio, de educación permanente de Aragón, la educación permanente es un sistema abierto de oportunidades de aprendizaje que debe estar disponible para todas las personas y a lo largo de toda la vida. Entendida de esta forma, la educación permanente sobrepasa las acciones tradicionales emprendidas por la Administración educativa, requiriendo, entonces, la colaboración y la coordinación de todas las administraciones públicas y de otras entidades sociales, particularmente las de iniciativa social sin ánimo de lucro, que realizan actividades de formación dirigidas a jóvenes y adultos.
Por todos estos motivos, la educación permanente se convierte fácticamente en una parte específica del derecho a la educación, lo que impone a los poderes públicos aragoneses la obligación de garantizar a todos los ciudadanos la oportunidad de cubrir sus necesidades de aprendizaje. La Ley de Educación Permanente de Aragón es una respuesta que pretende facilitar y permitir a todos los aragoneses, sin excepción, hacer fructificar sus capacidades para que cada persona pueda responsabilizarse de sí misma y realizar su proyecto personal, a la vez que le permita ser agente activo de la transformación de la sociedad. Por tanto, es una responsabilidad de los poderes públicos el promoverla en el marco de los principios establecidos por la legislación vigente.
En Aragón, la realidad demográfica —que incluye los desequilibrios territoriales, el envejecimiento de la población y el incremento de la inmigración, así como los niveles y necesidades de formación instrumental de la población, de acuerdo con los requerimientos que la emergente sociedad del conocimiento demanda— constituye el punto de partida imprescindible a la hora de promover una política de educación permanente que responda a las necesidades de todas las personas.
La Constitución española, en su artículo 27, garantiza el derecho a la educación de todos los españoles, a la vez que consagra la responsabilidad de los poderes públicos como garantía fundamental de la realización de ese derecho. De acuerdo con los planteamientos de la educación permanente expuestos, las acciones formativas se convierten en herramientas que facilitan la inserción y la participación de los ciudadanos en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
La participación de los sectores implicados y la coordinación entre programas y actuaciones queda garantizada mediante la creación del Consejo de la Educación Permanente de Aragón y de las Comisiones Territoriales como órganos de consulta y asesoramiento del Gobierno de Aragón en esta materia. Dicho Consejo tiene como finalidad planificar, evaluar y coordinar todos los objetivos, áreas de actuación y programas de Educación Permanente, así como de garantizar el adecuado asesoramiento y la participación en esta materia.
Una de las funciones del Consejo es la elaboración del Plan General de Educación Permanente de Aragón, en el que quedan recogidas todas las acciones formativas de educación permanente.
La realidad de Aragón respecto a la educación permanente dista mucho de considerarla como derecho básico de acceso a toda la ciudadanía. Lo cierto es que las entidades y ayuntamientos que colaboran con el Gobierno de Aragón para implementar los programas tienen bastantes dificultades económicas principalmente para poder llevarlos a cabo en tiempo y forma. La convocatorias de subvenciones que sostienen la viabilidad de la educación permanente dirigida a la población adulta, cada vez salen más tarde y comprometen una menor duración de los mismos, muy inferior a un curso académico, de octubre/noviembre a mayo y puede verse modificado de un curso a otro. La tardanza de la convocatoria ha supuesto incluso la movilización de alumnado afectado en comarcas como la de Sobrarbe este curso.
Esto genera una gran inestabilidad para el personal contratado curso a curso que ni siquiera cuenta con un contrato indefinido pues se les contrata únicamente por los meses establecidos en la convocatoria de subvención.
Estamos hablando por tanto de la precarización de las condiciones laborales y la incertidumbre en el caso del medio rural del alumnado por la continuidad de actividades y estudios. En octubre o noviembre es normal que los alumnos/as de educación de adultos ya hayan buscado otras soluciones para su formación ya que el curso está avanzado. Un gobierno que apuesta por la educación como eje vertebrador de nuestro territorio cada vez más despoblado debe dar una solución a esta situación.
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
– La adopción de un convenio marco con las entidades locales responsables de los programas de Educación de Adultos, que asegure la contratación de los educadores dependientes de las entidades locales (no funcionarios) para que todas las materias programadas (regladas y no regladas) se impartan de acuerdo al calendario.
– Convocar en el plazo de un mes el Consejo de Educación Permanente de Aragón con el objetivo de elaborar un informe diagnóstico sobre la situación de la educación permanente en Aragón, así como la valoración de la Ley de Educación Permanente de Aragón para su posible modificación en aquellos puntos que se considere necesario.