La Xunta de Galicia ha puesto la pelota en el tejado del Gobierno central sobre la “crisis de Ferroatlántica” al pedir concreción a Madrid en relación con el marco regulatorio estable de la industria electrointensiva.
Tras la reunión de los representantes de los trabajadores con la dirección de Ferroatlántica, planea un ERE que se prolongaría hasta diciembre de 2020, y al día siguiente el conselleiro de Industria recibía a esos representantes para ponerse a su disposición en la defensa nada menos que de casi 420 empleos de Ferroatlántica en Galicia. La Xunta defiende un modelo que defina los diferentes tipos de consumidor, que reduzca en un 90 % los peajes de acceso, y el establecimiento de mecanismo de compensación por emisión de dióxido de carbono, y consideran una “irresponsabilidad” que después de cuatro meses no haya una respuesta por parte del Estado respecto al estatuto del consumidor electrointensivo.
Mientras, Monzón mira con recelo la situación de sus compañeros en otras comunidades autónomas, sabedores de que en junio la nueva subasta energética nos puede dejar tocados y a los pies de los caballos, pues el alto coste de producción es lo que ha llevado a Ferroatlántica a trasladar parte de su producción a Francia y a plantear los ERE en Galicia, Cantabria y Madrid.
La consejera aragonesa Gastón dijo en pasillos de Cortes que no hay que alarmar por la situación de Monzón (justo el día que se supo que HINE despediría a 8 de sus 16 trabajadores de las centrales), y anunció una visita a Monzón que aún no tiene fecha…