El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha desestimado el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, organización que reclamaba la anulación de la autorización ambiental integrada concedida a los promotores del proyecto de construcción de una planta de biomasa en Monzón.
La resolución, firmada por la directora del Inaga, Marta Puente, señala que la autorización dada tiene la consideración de «acto firme», y se ampara en jurisprudencia del Tribunal Supremo para rechazar el recurso extraordinario de los ecologistas y argumentar que debió de plantearse en la vía administrativa abierta en su momento.
Existe la vía del contencioso-administrativo, si bien el Inaga razona que la admisión de recursos extraordinarios no justificados atentaría contra el principio de seguridad jurídica al dejar en suspenso «sine die» la firmeza de los actos administrativos.
Por su parte la empresa promotora del proyecto, Forestalia Renovables, ha valorado positivamente en un comunicado el cierre de la vía administrativa ante una autorización ambiental considerada «la más estricta y rigurosa de cuantas han dictado los órganos ambientales del país sobre instalaciones del sector». Añaden desde esta empresa que los más de 150 condicionantes planteados en la autorización garantizan las «nulas afecciones a la salud y al medio ambiente» derivadas de la actividad de la incineradora.
Tras señalar que las nuevas tecnologías aplicadas permitirán reducir en un 99 por ciento las emisiones de partículas, recuerdan que la construcción de la planta exigirá una inversión de 150 millones de euros y que cuando esté en funcionamiento generará más de 500 empleos, entre directos e indirectos.
