El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que declara de Interés General para la Comunidad Autónoma la iniciativa de la Comunidad de Regantes Santa Cruz, de Alcolea de Cinca, para la ejecución de las obras del » Proyecto de modernización integral de la comunidad de regantes Santa Cruz”.
El presupuesto máximo subvencionable asciende a 28,33 millones de euros y las obras abarcan los términos municipales de Alcolea de Cinca, Villanueva de Sigena y San Miguel de Cinca. El proyecto supone la modernización integral del regadío en una superficie 4.208 hectáreas de regadío, beneficiando a 242 usuarios de la Comunidad de Regantes de Santa Cruz.
El proyecto consiste en la modernización de las infraestructuras de riego para una superficie regable de 4.207,78 ha, siendo el número de parcelas incluidas en la superficie regable de 437, pertenecientes a 242 propietarios. Para ello, la nueva infraestructura se ha dividido en dos pisos en función de las cotas de las parcelas afectadas. La zona regable por encima de la cota de 245 m constituye el piso de riego superior número 1que se abastecerá directamente desde una captación en el canal de Terreu y que servirá una superficie de riego de 812,66 ha, con un caudal de servicio de 650 l/s. La zona por debajo de la cota de 245 m, el piso de riego inferior número 2 (red número 2), se abastecerá desde una segunda toma del mismo canal, independiente de la anterior, que conectará con una balsa desde la cual partirá la red de riego para abastecer a una superficie de 3.395,12 ha, con un caudal de servicio de 2.716 l/s piso inferior.
El decreto ha sido aprobado al amparo de la Orden DRS/664/2016, de 1 de Julio, por la que se convocan subvenciones en materia de inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y adaptación de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2016. La declaración de Interés General cobra una especial relevancia caso que, para poder ejecutar dichas actuaciones, fuera necesaria la puesta en marcha de procedimientos expropiatorios de terrenos afectados por las obras.
