Una representación de trabajadores de HidroNitro Española se entrevistaron ayer antes de la sesión plenaria con la Junta de Portavoces para trasladar la preocupación de la plantilla ante las repercusiones que puede tener un impuesto de casi 900.000 € a la firma ubicada en Monzón.
Estos representantes pretendían que la corporación votara una moción de apoyo institucional a la empresa para que no se aplique la Ley 10/2015 de 28 de diciembre de medidas de mantenimiento de los servicios públicos en la comunidad autónoma de Aragón y que le podría suponer a la empresa una nueva carga impositiva cercana a los 900.000 euros. La moción no se pudo incluir a votación al tratarse de un pleno extraordinario pero se debatirá en la próxima sesión ordinaria del mes de junio. Todos los grupos municipales expresaron su preocupación y mostraron su apoyo a la empresa; ya hace meses que incluso el propio presidente del grupo Ferroatlántica, al que pertenece Hidronitro, Juan Miguel Villar Mir, mostró su preocupación por esta medida que afecta a los saltos hidroeléctricos que posee HINE para reducir sus propios costes de producción. De hecho la empresa mantiene que cualquier nueva carga es un atentado directo sobre su competitividad respecto a factorías de países vecinos como Francia que no cuentan con esta carga impositiva que merma su capacidad para competir en el mercado.
Los trabajadores mostraron su temor a que este nuevo impuesto significara la pérdida de puestos de trabajo si a la compañía se le aplica este impuesto medioambiental sobre el uso y aprovechamiento de recursos hídricos embalsados y el impuesto medioambiental sobre los elementos fijos de suministro de energía eléctrica de alta tensión.
