Los alcaldes aragoneses del PP han remitido al presidente del GA solicitando la modificación de la orden que restringe la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas en sus respectivos municipios.
La carta dice así:
Los municipios aragoneses somos uno de los grandes pilares de la organización política y administrativa en España y el principal instrumento de vertebración y cohesión territorial. Somos las administraciones más cercanas al ciudadano y nuestra proximidad garantiza la prestación de servicios públicos esenciales a los aragoneses de forma eficaz y eficiente.
Ante la crisis sanitaria que nos asola, derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, hemos sido los primeros en tomar medidas para contener la expansión del virus en todos y cada uno de nuestros municipios (cierre de equipamientos, suspensión de actos, actividades y concentraciones, reparto de mascarillas, guantes, Epis, desinfección, etc.) y hemos puesto todo nuestro esfuerzo y nuestros recursos para apoyar a la población más vulnerable (mayores, enfermos, niños, etc.) y preservar su salud.
Anticipándonos a la crisis social y económica que lleva implícita la pandemia, ya estamos tomando medidas urgentes para complementar las que puedan adoptar y acordar otras administraciones, gobierno de la nación y gobierno autonómico fundamentalmente, para que ninguno de nuestros vecinos se quede en el camino.
Nuestra solidaridad con el resto de administraciones nos han hecho asumir una vez más, en una situación de extrema gravedad y excepcionalidad, competencias impropias sin saber si vamos a recibir la financiación o compensación de la Comunidad Autónoma y del Estado. Pero la generosidad y la responsabilidad nos han llevado otra vez a destinar los recursos propios, de todos nuestros vecinos, a mejorar y garantizar su vida, su salud y su bienestar.
Muchos ayuntamientos aragoneses, independientemente de la mayoría política que los gobierne, con esa voluntad de contribuir a la salud y bienestar de nuestros vecinos y en definitiva a la finalidad más importante de salvar vidas, además de entregar material de protección, nos hemos ofrecido a adquirir y realizar test o pruebas de diagnóstico para la detección del COVID-19 entre aquellas personas de nuestros municipios que han desarrollado y desarrollan servicios esenciales durante el Estado de Alarma o que están en contacto diario con personas afectadas por esta enfermedad.
Las trabas a los ayuntamientos que desean hacer estos test, que se consideran de gran relevancia para la superación de esta pandemia, restan esfuerzos a la lucha contra la enfermedad.
La Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispone que las autoridades de salud pública de la comunidad autónoma establecerán los procedimientos y el circuito para cumplir con los objetivos y con las tareas de vigilancia y contención de la epidemia, y pone a disposición de las comunidades autónomas cualquier centro, servicio y establecimiento sanitario de diagnóstico clínico. Además limita la realización de las pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 a aquellos casos en los que exista una prescripción previa por un facultativo y se ajusten a criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente.
En desarrollo de esta orden estatal el departamento de sanidad del Gobierno de Aragón ha dictado la Orden SAN/320/2020, de 15 de abril, relativa a la realización de pruebas de diagnóstico para la detección del COVID-19 por medios ajenos al Sistema Público de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, que a diferencia de la estatal también establecía un sistema de autorización previa para la compra de las pruebas, constituyendo este matiz un exceso respecto de lo previsto en la orden estatal que desarrolla, aunque días después lo ha corregido eliminando la autorización previa.
A pesar de ello, la Orden aragonesa complica la posibilidad de que los ayuntamientos puedan colaborar en la realización de test y pruebas diagnósticas y con ello entendemos, puede tener consecuencias adversas en la lucha contra la enfermedad.
Los ayuntamientos aragoneses en todo momento han demostrado una implicación total en la lucha contra esta crisis sanitaria y hemos actuado bajo los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional y colaboración que debe regir en las relaciones entre administraciones y por ello esperamos del Gobierno de Aragón una actitud más favorable a la colaboración mutua con las entidades locales para multiplicar la realización de pruebas que es una de las claves para el control y superación de esta pandemia.
Por ello los alcaldes que suscriben este escrito SOLICITAN que la orden que restringe la posibilidad de que realicemos pruebas diagnósticas en nuestros municipios sea modificada para favorecer nuestra voluntad de realizar los test entre aquellas personas en riesgo de nuestros municipios que han desarrollado y desarrollan servicios esenciales durante el Estado de Alarma o que están en contacto diario con personas que afectadas por esta enfermedad, facilitando así la labor que cada día desarrollamos para la superación conjunta de esta grave crisis sanitaria.
