Según publica, hoy domingo, el diario regional “Heraldo de Aragón”, la familia del hombre, de 59 años, que perdió la vida el pasado 25 de febrero de 2017 cuando cayó en una balsa de Almunia de San Juan al intentar salvar a su perro ha presentado una reclamación patrimonial contra el consistorio de la localidad por un importe de 150.000 €, 60.000 € para la viuda y 45.000 € para cada uno de los dos hijos.
La demanda recae sobre el ayuntamiento, ya que se le responsabiliza de no tener asegurado en condiciones el cerramiento del lugar en el que se encuentra el depósito de abastecimiento donde se produjeron los hechos, hace ya dos años.
Aquel fatídico día, Vicente Samitier se encontraba en ese lugar con su perro, y el animal se coló dentro del recinto por algún hueco del vallado precipitándose al agua. Vicente lo siguió apartando unas vallas de obra provisionales, ya que se estaban realizando trabajos para mejorar el lugar. El hombre murió al internar salvar la vida de su perro, que finalmente sue rescatado con vida.
Javier Vilarrubi, abogado de los hijos, considera que existe una falta ‘in vigilando’ por parte del ayuntamiento.
La demanda presentada se basa en que la propiedad del depósito es municipal, y existe la obligación de tener un sistema de seguridad suficiente para evitar el acceso a terceras personas, lo que según Vilarrubí, a que debería existir un vallado perimetral que aislara totalmente el interior del exterior, junto a una puerta de acceso con candado o cerramiento, y cuya llave estuviera, únicamente, en manos del personal del ayuntamiento.
El abogado explica que cuando la Policía Judicial se personó en el lugar, pudo comprobar que recientemente se habían realizado obras, y que el vallado estaba roto, deshecho, sin la pertinente puerta de cerramiento, y con el acceso libre.
El ayuntamiento de Almunia de San Juan asegura que estaban aplicadas todas las medidas de seguridad necesaria. Y Vilarrubí, por su parte, añade que dos días después de que se produjera el suceso, se pidió a algunas empresas que habían trabajado en el depósito, que procedieran al cerramiento de la valla y a instalar una puerta nueva, por lo que Vilarrubi opina que se trata de una evidencia de que la instalación no estaba en condiciones.
Que se trate de una indemnización por responsabilidad patrimonial se fundamenta en un funcionamiento anormal de los servicios públicos.
Esta demanda se presenta tras el sobreseimiento de las diligencias penales que decretó el juzgado nº2 de Monzón, y de que el auto de archivo fuera recurrido por la familia, pero la Audiencia Provincial confirmó que no había causa.
Durante el proceso judicial, la parte representante de la familia aseguraba que existió “omisión grave de medidas de seguridad implantadas en el acceso al depósito de agua, así como en el establecimiento de medidas de seguridad en el interior, omitiéndose lo que incluso se informaba por los técnicos, y esta fue la situación que creó un riesgo grave a terceros”.
En su momento, el auto de la audiencia confirmaba la existencia del vallado, así como del cierre de la puerta de acceso con un alambre, aceptando que el estado de uno u otro elemento podía ser causado por la ejecución de las obras que se habían realizado con anterioridad a los hechos. Concluía, que no cabía imputar una imprudencia con relevancia penal a uno u otra de las personas investigadas por su relación con estas obras o con la situación de recinto de la balsa.
