El Gobierno de Aragón ha aceptado indemnizar con 12.000 euros a un niño que se rompió un codo al caerse de un tobogán en el colegio público Monzón-3 en septiembre de 2015, cuando el pequeño contaba 3 años de edad.
Según informaba ABC, los padres presentaron reclamación, y en principio la compañía de seguros que tiene contratada DGA se opuso a la indemnización a la familia al entender que lo ocurrido fue un caso «de fuerza mayor o fortuito», y que no existió un comportamiento negligente por parte del personal que tenía a su cargo la vigilancia de los niños en el recreo ni había deficiencias en las instalaciones.
El pequeño se cayó desde la parte alta del tobogán, al resbalar cuando pisó uno de los escalones y se fracturó el epicóndilo de su codo derecho -lesión de la cara externa del codo-. En el momento del suceso eran tres las personas al cuidado de los 42 niños de Infantil que estaban en el recreo del CEIP Monzón-3. Los informes administrativos realizados coinciden en que no hubo una vigilancia negligente y que el personal intervino rápidamente para recoger al niño y procurarle la atención necesaria. Además ha quedado probado que el tobogán también reunía los requisitos técnicos exigidos y estaba instalado sobre un pavimento blando para reducir los impactos en caso de caídas.
Sin embargo, el informe jurídico final del Consejo Consultivo de Aragón –órgano del Ejecutivo regional – considera que el hecho de que no hubiera un funcionamiento negligente o anormal no exime de responsabilidad a la Administración en este caso concreto, ya que se trata de un niño de muy corta edad que debe contar con una protección jurídica especial. Concluye el informe que «el niño no tenía el deber de soportar el daño, que por esa razón es antijurídico y, por tanto, generador de responsabilidad patrimonial». Fue un «daño que debió evitar la Administración», concluye el informe del Consejo Consultivo de Aragón.
Así pues el ejecutivo regional accede a la reclamación planteada por la familia y ha acordado una indemnización de un total de 12.602 euros: 1.508 euros por los 29 días que permaneció con el brazo escayolado; 9.060 euros por los «302 días de perjuicio personal básico» que transcurrieron desde que se le retiró el yeso hasta que el menor recibió el alta médica; 1.788,88 euros por las secuelas que le han quedado en esa zona del codo de su brazo derecho -«dos puntos de secuelas por la deformidad del epicóndilo»-, y algo más de 200 euros en concepto de kilometraje, por los viajes acumulados para que el niño recibiera asistencia sanitaria y revisiones en centros de Lérida y de Zaragoza.
