En el próximo pleno se debatirá una moción que ha presentado el PP en defensa de la enseñanza concertada, de la que en Monzón hay tres centros educativos, Minte, Santa Ana y Santo Domingo Savio.
El Grupo Municipal Popular de Monzón presentará al pleno el siguiente ACUERDO:
1. El Ayuntamiento de Monzón insta al Gobierno de Aragón a respetar los derechos democráticos y cumplir estrictamente con los mandatos constitucionales en materia educativa: universalidad, gratuidad y libertad, tanto de enseñanza como de elección de centro educativo.
2. El Ayuntamiento de Monzón manifiesta su apoyo a la labor que realizan por la ciudad los centros educativos concertados de Monzón (Minte, Santa Ana y Santo Domingo Savio).
El PP explica en su exposición de motivos que “La esencia de una sociedad libre reside, entre otras cosas, en que la cultura y su transmisión, es decir, la EDUCACIÓN, esté en manos de la sociedad a la que pertenece y no en otras manos. Por lo tanto, pensar en que, desde que tenemos competencias educativas, un Gobierno autonómico se convierta en sujeto de la cultura y de la enseñanza supone ver coartada esa libertad que, por encima de todo, es un principio y un derecho fundamental. La base de la democracia que hoy tenemos el privilegio de disfrutar es volver una y otra vez a los principios fundamentales. Y volver a esos principios fundamentales es mucho más que entender la democracia como el derecho a que un pueblo designe a sus gobernantes; la democracia es, por encima de todo, un régimen de libertad. Cuando un gobierno pretende acaparar la cultura y su transmisión, en definitiva, cuando pretende acaparar la enseñanza, anula el derecho de sus gobernados a ser libres y a formar parte de una sociedad construida para ser esencialmente libre. Para ejercer la democracia y educar en verdadera libertad, tan necesaria es la libertad de enseñanza como la libre elección por parte de los padres del centro educativo que quieren para sus hijos. La democracia exige, pues, de sus gobiernos que estén abiertos a una realidad social que se sustenta en la pluralidad social. Y los gobiernos deben gobernar para esa pluralidad y no únicamente para aquella porción social con la que ideológicamente coincide.
La libertad de enseñanza está al servicio de la libertad de concepciones culturales y educativas. Por lo tanto, imponer un modelo o una regulación que no garantice o que estrangule una iniciativa ciudadana porque parte de una determinada concepción educativa, constituye un atentado frontal contra la libertad. La obligación de un gobierno es reconocer, garantizar y regular el ejercicio de la libertad de enseñanza, pero sin pretender “dirigir” a la sociedad a la que se debe. Sin embargo, en Aragón los tribunales de Justicia han tenido que enmendar, vía sentencias, el ámbito educativo, algo insólito hasta el Gobierno que preside el Sr. Lambán. Y los jueces se han visto en la obligación de garantizar la libertad educativa que este Gobierno es incapaz de garantizar. La educación se mueve hoy en dicotomías de ayer, regresando a siglos en los que la pluralidad social no existía porque nadie la reconocía. Hoy el Gobierno de Aragón, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, está atendiendo exclusivamente las exigencias de esa nueva política que, paradójicamente, está resultando extremadamente “retrógrada” y desoyendo a una pluralidad social que relama políticas responsables hacia quienes tienen también el derecho de educar o de ser educados según determinadas concepciones. Hoy, la enseñanza concertada está siendo atacada sin más argumentos que una visceralidad impropia de una democracia que ampara, por encima de todo lo demás, la libertad. Es más, las decisiones tomadas por el Gobierno de Aragón en cuanto a la reducción de aulas concertadas suponen un golpe directo a derechos constitucionales como la universalidad y la gratuidad del sistema educativo, impidiendo esos derechos a quienes tienen reconocida la potestad de elegir el centro educativo que desean para sus hijos según sus propias convicciones.”
