El Grupo Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, a través del diputado Jesús Guerrero, va a plantear una pregunta al consejero de Vertebración territorial relativa a los retrasos en trámites urbanísticos que está provocando las servidumbres del aeropuerto de Alguaire (Lérida).
El PAR pregunta a la DGA si “¿prevé el Gobierno de Aragón tomar medidas urgentes para agilizar la tramitación e impulso de los expedientes urbanísticos condicionados por las servidumbres del aeropuerto de Lérida-Alguaire y para prevenir que dichas servidumbres no obstaculicen ni ralenticen inversiones o iniciativas de desarrollo de los municipios aragoneses afectados?”.
El diputado ha confirmado el planteamiento del PAR dirigido a urgir al Gobierno que acelere los trámites provenientes de una docena de municipios y localidades (Albelda, Alcampell, Algayón, Altorricón, Binéfar, Castillonroy, Esplús, Monzón, Peralta de la Sal, San Esteban de Litera, Litera y Valcarca) de la zona oriental del Alto Aragón “que deben someter cada proyecto que incida en aspectos de carácter urbanístico, a permisos e informes especiales, entre ellos de la DGA, de manera que aparte de complicar cada paso, la gestión y autorización se está viendo retrasada en el Gobierno de Aragón por falta de medios técnicos e incluso puede poner en peligro peticiones de instalación de empresas o mejoras que pretendan administraciones y particulares, necesarias para esos municipios aragoneses y sus decenas de miles de vecinos”.
Para Guerrero, “el problema es muy serio y perjudica actualmente a varios trámites e iniciativas de las que han venido informando los medios de comunicación, alguna con perspectiva de crear empleo , que se ha resuelto solamente tras el revuelo creado. Pero hay que poner remedio inmediato y definitivo a todas o llegaría a causar un daño grave ahora y en el futuro si los inversores se cansan y desisten”.
El diputado del Partido Aragonés ha recordado que ya en 2012, “desde el PAR advertimos que esta situación podía suceder y se está viendo. También entonces, además de reclamar contra los serios errores del decreto de servidumbres que propiciaron su anulación judicial en 2014, exigimos que hubiera participación desde Aragón para fijar el nuevo decreto pero aún está pendiente. La cercanía a una infraestructura como un aeropuerto siempre va a suponer una vigilancia sobre los proyectos pero es inadmisible que por burocracia y falta de gestión administrativa puedan llegar a fracasar o que haya restricciones que resulten insalvables”.