Ecologistas en Acción ha presentado recurso de alzada contra la resolución del INAGA por la que se modifica, mediante una revisión de oficio, la autorización ambiental para la instalación de la Central Térmica de Incineración de Biomasa en Monzón.
Dicen que “Con la ubicación a 600 m. de casco urbano no se preserva la salud de los ciudadanos de Monzón y poblaciones limítrofes. Éste es un paso previo para interponer, en el caso de que no prospere, otro recurso contencioso más, como los ya presentados contra las distintas resoluciones y acuerdos que se han tramitado en el expediente de este proyecto”.
Ecologistas en Acción denuncia que no se ha contestado a numerosas cuestiones planteadas en las alegaciones remitidas por los vecinos y ecologistas. Así denuncian que los valores de contaminación de fondo usados para los estudios de contaminantes de esta planta, se han obtenido de la estación de medición de Monzón, cuya ubicación no cumple la legislación existente, pues se encuentra rodeada de barreras arbóreas y un edificio que retienen las emisiones de partículas en suspensión contaminantes, por lo que los datos de base son sensiblemente inferiores.
Además inciden en que numerosos expertos consideran que los valores límite usados en la legislación «utilizan criterios de coste-efectividad en los que la salud compite con el coste beneficio», por lo que, para preservar la salud humana se deben perseguir los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , que son mucho más estrictos con los contaminantes, como las partículas en suspensión de menor tamaño (10 μg/ m3 , en vez de los 25 μg/ m3 de legislación), el dióxido de azufre (20 μg/ m3 en vez de 125) o los benzopirenos cuyo máximo recomendado por la OMS para este reconocido cancerígeno es de 0,12 ng/ m3 y lo permitido por la legislación es de 1 ng/m3 (más de 8 veces superior). Así afirman que si con el cumplimiento de los límites legales se preservase la salud no habría 33.000 muertes prematuras al año en España por culpa de la contaminación atmosférica, como afirma la Agencia Europea del Medio Ambiente, 20 veces más que las ocasionadas por accidentes de tráfico.
En la nueva resolución se reconoce que se van a emitir dioxinas, furanos y benzopirenos, sustancias altamente tóxicas, que ni se mencionaban en la autorización inicial. Los estudios del CSIC realizados en Monzón en 2008 y 2009, en relación a los benzopirenos, daban unas medias de 0,229 y 0,345 ng/ m3. Estos datos ya están sensiblemente por encima de los 0,12 ng/ m3 recomendados por la OMS como límite para preservar la salud pública. La obligación, recogida en la nueva resolución, de instalar una red de medición de benzopireno por parte de Forestalia, “no va a cambiar esta realidad y el sentido común nos dice que estas sustancias carcinógenas no deberían estar en el aire que respiramos en nuestros barrios”.
Ante estas evidencias, Ecologistas cree que el escrito en el que el Director General de Salud Pública decía que si se cumplían los valores límite se considera que la salud no se verá afectada, carece de fundamento científico y que fue más una decisión política que la propia del responsable de velar por la salud pública aragonesa, hecho por el que debería ser cesado.“Por ello, en aras a la prevención de la salud de la población nos preguntamos ¿Por qué no se aleja la Central Térmica de Incineración de Biomasa, a suficiente distancia de las poblaciones?, concluyen.
