El director de Cáritas Barbastro-Monzón, José Luis Escutia, presentó ayer un informe realizado a caballo entre las comarcas del Bajo Cinca y Cinca Medio sobre la situación de alojamiento de los temporeros en la campaña de fruta de este año.
Según los datos que maneja Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón en la última campaña frutícola, han contabilizado 25 infraviviendas ocupadas por más de 400 temporeros, que duermen en casetas abandonadas, almacenes agrícolas o en tiendas de campaña a la intemperie. El informe que maneja la ONG se refiere solo a cuatro municipios de las comarcas de Cinca Medio y Bajo Cinca que emplean por temporada a unos 5.000 trabajadores. Este informe se refiere a las localidades de Albalate de Cinca (Comarca del Cinca Medio), Belver de Cinca, Zaidín y Fraga, aunque éste último no ha sido estudiado en profundidad.
Estos datos fueron presentados en rueda de prensa en Fraga por el director de Cáritas Barbastro-Monzón, José Luis Escutia, acompañado por el responsable de Inmigración de UGT Aragón, Antonio Ranera, y el trabajador social de Cáritas, Iván Bitria. Escutia fue rotundo al denunciar la «absoluta dejación de funciones» de la administración, a la que acusó de conocer la «grave» situación social existente y «mirar hacia otro lado».
Los datos de Albalate de Cinca señalan que se localizaron 4 infraviviendas en las que se alojaban unas 80 personas y según Escutia, se trata de auténticas infraviviendas, que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad, lo que «pone en riesgo la salud e, incluso, la seguridad de los temporeros, ya que algunos espacios cuentan con estructuras muy deterioradas, que podrían derrumbarse, o con ventanas enrejadas, lo que resultaría fatal en caso de incendio«.
Los datos que recoge este estudio apuntan que la media de edad de estos temporeros es de 35 años y de ellos, un alto porcentaje procede de África, destacando Mali (50%) y Senegal (24%). El 64% de las personas encuestadas contaba con permiso de residencia y trabajo, si bien se desveló en las entrevistas a 213 personas, que solo 49 de ellas estaban trabajando y de esos, únicamente 14 (28,6%) lo hacían con contrato.
En cuanto a las quejas más destacadas de estos temporeros, destaca los salarios por debajo de convenio así como por la cotización de un número de horas menor a las reales. Además, Cáritas tuvo que llevar a cabo intervenciones para repartir 197 lotes de alimentos, 101 de higiene personal y limpieza, 145 de ropa y calzado, 15 de medicamentos así como 75 mantas y sacos de dormir. También se ofrecieron servicios de transporte y acompañamiento.
En total, sin contar el trabajo de los voluntarios, el proyecto desarrollado por Cáritas ha supuesto una inversión de 36.400 euros, 20.000 financiados por la secretaría de Inmigración del Ministerio de Trabajo. En el año 2014, ya se hizo un estudio aunque menos importante, y cuyas conclusiones se pusieron en conocimiento de todas las administraciones, entre ellas, ayuntamientos y comarcas, si bien no se obtuvo ninguna respuesta.
