El director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), Jesús Lobera, ha comparecido este martes en las Cortes para explicar los controles realizados al proyecto de la planta de biomasa que Forestalia quiere construir en Monzón.
Lobera ha explicado que «si se controlan los niveles de emisiones de partículas contaminantes de la futura planta de biomasa de Monzón tal y como recoge el proyecto, que cuenta con la autorización ambiental necesaria, no habrá ningún tipo de afección a la salud pública». Además reconocía que es un tema «muy sensible» que «lleva muchísimo tiempo siendo conocido por muchísimas personas y ha generado una problemática determinada».
Lobera ha dejado claro que «no hemos hecho tratos de favor, desde 2015 y con anterioridad tampoco» a ningún promotor de proyectos con posibles afecciones ambientales, recalcando que las 90 tipologías de trabajo con que actúa el INAGA están sometidas a «procesos muy tasados», como en este caso, en el que también ha intervenido la Dirección General de Salud Pública para estudiar cualquier posible perjuicio a la salud.
El director general ha aclarado que el INAGA consultó a las Comarcas del Cinca Medio, Bajo Cinca, La Litera y el Somontano de Barbastro, así como al Ayuntamiento de Monzón, las Direcciones Generales de Urbanismo y de Vertebración del Territorio, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Ecologistas en Acción, ANSAR, SEO/BirdLife, CC.OO., UGT, Ecodes y el Ayuntamiento de Monzón, pero solo contestaron este último y la comarca de Cinca Medio.
En referencia al visto bueno del Ayuntamiento montisonense, Lobera ha comentado que ello obligó al INAGA a continuar con el procedimiento, que se aprobó en 2015, autorizando a la empresa a abrir una planta de generación de energía eléctrica de 170 megawatios.
Respecto al recurso de alzada presentado por Ecologistas en Acción ha informado que fue presentado «extemporáneo», un día después de concluir el plazo, aunque el INAGA sí ordenó la revisión de oficio de la autorización ambiental en 2016, circunscribiéndola al control de emisiones. «La autorización es firme y jurídicamente consentida«, ha zanjado.
Por último Lobera ha comentado que la empresa debe solicitar permiso para plantar chopos, eucaliptos y otros vegetales en varias parcelas de terreno en las proximidades de Monzón.
Los diferentes grupos políticos
En las opiniones de los diferentes grupos presentes en las Cortes, por Podemos, Marta de Santos ha expresado que no se han analizado los productos más peligrosos, sino cuatro contaminantes, y ha alertado de la posible presencia de sustancias «altamente cancerígenas», que son «cosicas muy peligrosas para la salud humana«, apuntando que «si no se hubiera generado semejante revuelo, se habría dado por buena, se habría cerrado la carpeta y habría empezado a funcionar«.
La diputada Patricia Luquin, de la Agrupación Parlamentaria de IU Aragón-Grupo Mixto, ha advertido de que esta planta de biomasa “genera muchas más incertidumbres que certezas» y ha recordado que ha tenido «una repuesta medioambiental y social«, apelando al principio de precaución.
Por su parte el diputado del PP, Miguel Ángel Navarro, se ha mostrado crítico con las «medidas de coacción» que han sufrido técnicos de la Administración desde grupos de «izquierda radical» y ha dejado claro que a este proyecto se le han pedido todas las medidas necesarias habidas y por haber.
Por parte del PSOE, Enrique Pueyo ha subrayado que no le gustaría tener una planta tan cercana al núcleo urbano en su municipio.
La aragonesista Lucía Guillén (PAR) ha exigido rigor a los Grupos que se oponen al proyecto con «ese movimiento que están intentando crear».
Y por último, por Cs, Jesús Sansó defendía que «toda la tipología de estudios e informes ha sido acorde a la normativa» y ha emplazado a «no hacer de barreras institucionales a este tipo de energías renovables«.
