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Este martes estaba previsto el juicio para los 4 acusados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude y exenciones fiscales y negocios ilegales por unos hechos ocurridos en 2011 en el ayuntamiento de Monzón, que ejercía la acusación particular.

Finalmente, acusaciones y defensas, entre ellas la ejercida por el abogado montisonense Javier Vilarrubí, ultimaron el lunes un acuerdo previo al inicio del juicio que se había convocado para este martes; se trata del caso de las presuntas compras irregulares de material informático denunciadas por el Ayuntamiento de Monzón en 2011 y hoy estaban convocados los aspirantes a jurado popular en la Audiencia de Huesca.

Fuentes jurídicas han apuntado que la Fiscalía y la acusación particular, en nombre del Ayuntamiento de Monzón, habían pedido 9 años de prisión para cada uno de los cuatro acusados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude y exenciones fiscales y negocios ilegales; eran el ex empleado municipal encargado de la compra y supervisión de la instalación de equipos informáticos en la oficina del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), los responsables de las dos empresas adjudicatarias del material y de los programas informáticos y la persona que elaboró la memoria para obtener el contrato.

El acuerdo dejaría para los 4 acusados condenas de menos de dos años (que no suponen ingreso en prisión) y diversas cantidades económicas en concepto de responsabilidad civil y que recupera pues el ayuntamiento, que fue quien decidió interponer en noviembre de 2011 una querella criminal por presuntas irregularidades en los contratos de compra de material informático contra un ex empleado municipal que fue responsable del mantenimiento de la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).

El caso fue denunciado por el Consistorio tras estudiar un informe del técnico informático de la oficina del SAC que relevó al querellado -que no había sido renovado en la primavera de 2011 por incumplir los objetivos- y que descubrió que muchos equipos adquiridos no funcionaban, otros se habían comprado supuestamente por encima de precio de mercado y varios programas y equipos comprados no se encontraban en el consistorio, según se exponía en la querella. Por entonces el equipo de gobierno lo lideraba el PSOE y el informe de las presuntas irregularidades se trasladó al siguiente equipo municipal del PP que fue el que finalmente interpuso una querella criminal por presunta malversación de fondos públicos "para exigir las responsabilidades que en derecho procedan y dar la máxima transparencia a la gestión del dinero”.