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Se les pide a los ayuntamientos la "inmediata retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación militar y represión de la dictadura". Las instituciones requeridas tendrán 18 meses para retirar los símbolos contrarios a la memoria democrática.

Un total de 37 consistorios aragoneses han sido requeridos por el Ministerio de Justicia para desterrar "vestigios franquistas" que perviven en sus espacios públicos. Las cartas, rubricadas por el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, insta a que se certifique sobre "la no existencia de simbología de exaltación en su municipio", y en caso de que las hubiera, se les invita a "dar cumplimiento" a la ley de Memoria Histórica, de rango nacional y promulgada en 2007. En Huesca, los siete municipios avisados han sido Albalate de Cinca, Fonz, Las Peñas de Riglos, Lupiñén-Ortilla, Monzón, Sariñena y Zaidín.

CMN ha sido informado de que Monzón está estudiando el requerimiento (hay que recordar que ya en un pleno se le retiraron los honores a Franco) y también Fonz ha señalado desconocer a qué se refiere; en cuanto a Albalate de Cinca, permanece al parecer en su callejero por ejemplo una de las arterias principales de la localidad, la calle José Antonio, dedicada a Primo de Rivera.

En la misiva, hecha pública ayer miércoles, se recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 2013 que imponía a todas las administraciones públicas la adopción de las medidas oportunas para la retirada de todos esos elementos. El aviso ministerial pide, en primer lugar, un catálogo de posibles vestigios, y a continuación, que procedan a la "inmediata retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación militar y represión de la dictadura".

La ley aragonesa prevé castigos

Las Cortes de Aragón aprobaron en noviembre pasado la ley de Memoria Democrática, que impedirá acceder a subvenciones a los ayuntamientos que mantengan símbolos franquistas. Este es uno de los puntos de la norma, por la que las instituciones tendrán un plazo máximo de año y medio para retirar dichos símbolos de sus edificios o espacios públicos. La ley entrará en vigor el próximo día 22 de este mes.

Para velar por su cumplimiento no solo se podrán retirar ayudas públicas sino que se establece un régimen sancionador que castiga desde los 200 euros las sanciones leves hasta los 150.000 euros para las muy graves, como la destrucción de documentos de la memoria democrática.